Dilma y su gobierno, en jaque
RIO DE JANEIRO.- Aún en estado de shock, Dilma Rousseff tardó ayer en reaccionar. El ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, su mentor y el mayor líder político de Brasil de los últimos 50 años, había sido trasladado a declarar por la Policía Federal, sospechado de beneficiarse del mayor caso de corrupción en la historia local. ¿Acaso él no era intocable? ¿Cuál será el impacto sobre ella, que comanda un gobierno debilitado por la recesión y las internas entre sus aliados, que el año pasado la dejaron cerca del impeachment?
Anoche, todo Brasil analizaba las consecuencias de la decisión del juez Sergio Moro. Y la respuesta unánime era que, sea cual sea el desenlace del proceso sobre Lula, los efectos podrían ser letales para Dilma
"Los últimos acontecimientos colocaron al gobierno brasileño en jaque y con un alto riesgo de caer", advirtió a LA NACION el analista Flavio Britto, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia, que no descartó un abrupto final en los próximos meses de la actual administración. Dilma quedará cada vez más sola ahora que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) se concentrará en la defensa de Lula y abandonará a su propia suerte a la presidenta, con quien tenía ya serias diferencias.
Todas las acciones del PT se encaminarán a blindar a Lula, a asegurarle su supervivencia política para que pueda competir en las elecciones de 2018 o, por lo menos, mantener la narrativa heroica en relación con su figura. Ya ayer se vio cómo la dirigencia petista buscó convertirlo en una mera víctima de una persecución ideológica.
El forzado traslado del popular ex presidente a declarar -el mismo Lula que durante su primer gobierno no sólo logró sobrevivir al escándalo delmensalão, sino que también ganó la reelección en 2006 y se convirtió en todo un ícono de la izquierda latinoamericana- dejó en claro a la sociedad brasileña que nadie está más allá de la ley.
Y la propia Dilma fue anteayer involucrada directamente en el petrolão por las revelaciones del acuerdo negociado con la justicia por el arrepentido senador petista Delcídio Amaral, que la acusó de haber estado al tanto del esquema de sobornos en Petrobras y de usar su poder para interferir en las investigaciones judiciales.
"La oposición volverá a la carga con el proceso deimpeachment contra la presidenta en el Congreso, reforzado ahora por las denuncias de Amaral, y con la esperanza de que las acusaciones contra Lula generen más rabia en las calles, saturadas por la situación económica y el descalabro político", apuntó el analista político Ricardo Ismael, académico de la Pontificia Universidad Católica en Río de Janeiro. Un termómetro clave serán las manifestaciones contra la presidenta convocadas con anterioridad por grupos civiles para el domingo 13 de marzo.
La expectativa ahora es que sean iguales o mayores que las marchas a favor del impeachment que a principios del año pasado reunieron a más de dos millones de personas en todo el país.
Movilización
Luego de los incidentes violentos que protagonizaron ayer militantes petistas con manifestantes anti-Lula en distintos lugares, es de prever que la movilización popular de ambos lados genere nuevos y más graves enfrentamientos. Es decir, una mayor inestabilidad, que será achacada al gobierno.
"A mayor conflicto social, menos posibilidades habrá de que la economía mejore. Y Dilma Rousseff será responsabilizada por no encontrar una salida a la recesión", resaltó Ismael.
Por otra parte, la oposición, encabezada por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), también cuenta con que en los próximos meses el Tribunal Superior Electoral (TSE) avance en sus investigaciones sobre la demanda presentada el año pasado contra Dilma y su vicepresidente, Michel Temer, por abusos de poder económico y político en la campaña para la reelección de 2014.
Una de las piezas esenciales de esa denuncia era la presunción de financiamiento de la campaña a través de desvíos del petrolão, y con las nuevas revelaciones que surgen semana a semana, son cada vez más las posibilidades de que aparezcan elementos probatorios.
De comprobarse esa teoría, el TSE anularía el mandato de Dilma y Temer, y llamaría a nuevas elecciones.
Traducción de Jaime Arrambide
fuente: La Nacion
